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Llegan 3.500 peticiones al Fondo Social de Viviendas

fondo social de viviendas

El problema de los desahucios ha adquirido tintes dramáticos en este país. Una de las medidas adoptadas por la Administración para intentar paliar la situación de las familias afectadas fue la constitución del Fondo Social de Viviendas, el que participan diversos organismos públicos, organizaciones no gubernamentales, las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. Estas últimas son las que forman la bolsa de viviendas disponibles (casi 5.900 desde su creación en 2013), destinadas a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa para acceder a ellas.

Principalmente, están dirigidas a las familias que hayan sido desalojadas de sus hogares a partir del 1 de enero de 2008 ante la incapacidad de afrontar el pago de la hipoteca. La penosa situación económica de España ha provoca que la cifra de desahucios se dispare en los últimos años. Durante 2014, fueron 34.680 las unidades familiares que tuvieron que abandona sus casas, lo que supone un incremento del 7,4% respecto a 2013, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/).

Régimen de alquiler

Así las cosas, se han presentado 3.507 solicitudes para optar a un hogar de estas características desde la constitución del Fondo Social de Viviendas hasta el cierre del pasado año. En 2014, las peticiones aumentaron un 42% (2.061 demandas), una notable subida que se explica, en parte, porque los requisitos fijados inicialmente se han suavizado. Hasta el momento, han sido aceptadas 2.230 instancias; mientras que otras 1.003 han recibido una respuesta negativa. Las 274 restantes aún no han obtenido un veredicto.

Ya cuentan con una vivienda adjudicada 1.969 familias y otras 1.767 han formalizado un contrato de alquiler. Y es que es bajo está fórmula mediante la que se otorgan los hogares. No obstante, se trata de rentas muy bajas, que oscilan entre los 150 y los 400 euros mensuales. Asimismo, la normativa relativa al Fondo Social de Viviendas establece que el alquiler puede suponer, como máximo, el 30% de los ingresos (que no pueden ser superiores a tres veces el IPREM, es decir, de 1.597 euros).

También pueden optar a estas viviendas las víctimas de violencia de género, las familias con sus miembros en paro y sin prestaciones y los prejubilados y jubilados que hubieran avalado con sus hogares a hijos o nietos, entre otros colectivos. Los beneficiarios podrán vivir en los hogares adjudicados hasta enero del próximo año, cuando expira el contrato.

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