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El Catastro, a la caza del infractor

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La Dirección General del Catastro ha iniciado una exhaustiva investigación para detectar posibles infracciones en las ampliaciones de viviendas. El organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya ha comenzado a mandar misivas a los propietarios de pisos y casas de más de un millar de municipios españoles para comunicarles la apertura de un expediente. Este trámite implica el desembolso de 60 euros por parte de los dueños de los inmuebles por no haber declarado las obras realizadas.

El Catastro enviará estas comunicaciones a más de tres millones de hogares hasta 2016. Con esta medida, el Gobierno pretende confeccionar un mapa del estado de los inmuebles. Además, esta revisión supondrá un incremento recaudatorio para los ayuntamientos, puesto que aumenta el valor de la construcción al comprobarse que la vivienda tiene más metros cuadrados de los que aparecen en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Fotos aéreas

Estas comprobaciones se realizan mediante fotografías aéreas. La mayoría de las reformas que son objeto de las infracciones no han sido declaradas al Catastro, pero sí ante los consistorios, que concedieron las licencias para hacer las obras. Otras remodelaciones se ocultaron con la clara intención de defraudar por ser ilegales. Es el caso de las viviendas levantadas en terrenos no urbanos. Piscinas, casetas, balcones, trasteros y terrazas cerradas son las intervenciones más habituales, así como las ampliaciones efectuadas cogiendo terreno al jardín y los garajes edificados en la parcela.

La normativa es clara en este aspecto. Cualquier modificación realizada tiene que ser comunicada ante el Catastro en un período máximo de 60 días después de su ejecución. Si en el momento de llevar a cabo los trabajos, el propietario pide una licencia al consistorio, éste debe informar al Catastro para incrementar el valor catastral y la recaudación por el IBI.

Revisión en todo el país

El problema es que estas comunicaciones no se han producido. Los contribuyentes no han declarado las obras ejecutadas y es ahora cuando los ayuntamientos están informando al Catastro de tales irregularidades. La revisión se va a extender a todo el país, con las excepciones del País Vasco y Navarra. En 2013, se comprobó el estado de los inmuebles en 176 municipios, cifra que se ha elevado hasta los mil en 2014.

Los envíos de cartas han comenzado a hacerse por los núcleos de población que acumulan más urbanizaciones de gran tamaño y chalets adosados (Oropesa, Fuengirola, Benidorm y Calpe, por ejemplo). No obstante, el Catastro todavía no ha empezado a actuar en las ciudades más pobladas. En las capitales de provincia, sólo han iniciado las revisiones en Alicante, Salamanca y Murcia. Así las cosas, los infractores deben abrir sus buzones con frecuencia. A buen seguro, pronto recibirán una carta. Y no precisamente de amor.

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